El cartel del absurdo: Cuando prohibir es más fácil que ordenar

¿Quién no se cruzó alguna vez con ese cartel rojo furioso al entrar al Polideportivo? Está ahí, firme, plantado junto al alambrado como un gendarme de metal que te frena en seco. Con letras de molde, grandes, para que nadie pueda decir que no vio la advertencia, el cartel sentencia: «PROHIBIDA LA VENTA AMBULANTE». Debajo, con una tipografía más prolija, se ampara en la legalidad de la firma municipal citando la Ordenanza N°024/MOV/20. El remate, que a esta altura ya se lee con un poquito de ironía popular, es el eslogan oficial de la gestión: «Una Comunidad para Todos».

La imagen es cotidiana, pero encierra una de esas contradicciones que, cuando te ponés a mirarlas de cerca, te desarman el discurso. Porque en Oro Verde nos acostumbramos a los títulos de trazo grueso, a las respuestas rápidas que barren los problemas debajo de la alfombra en lugar de sentarse a resolverlos. Ese cartel generó en el pueblo la falsa idea de que en los espacios públicos ya no se puede vender ni un pastelito, ni un termo de agua caliente, ni una bolsa de tortas fritas. Nos metieron en la cabeza que la calle está clausurada para el laburo ambulante. Pero, ¿qué pasa cuando vas a los papeles oficiales y descubrís que la misma ley que citan dice otra cosa, y encima esconde una trampa legal hecha a medida de la discrecionalidad?

Del «regúlese» de la ley al «prohíbase» de la chapa

Si te tomás el trabajo de desempolvar el texto original de la Ordenanza 024 —la de diciembre de 2020—, el panorama cambia por completo. En el mismísimo Artículo 1º, los concejales no escribieron «prohíbase»; la palabra que usaron con total claridad fue «Regúlese». Es una diferencia enorme que cambia el sentido de todo. Regular significa poner reglas de juego claras, ordenar el espacio, establecer quién, cómo y cuándo. La ley se pensó originalmente para crear un Registro de vendedores, fijar una Tasa Fiscal, pedir la libreta sanitaria y el curso de manipulación de alimentos a través de Bromatología para cuidar la salud de la población. Es más, el texto dice con todas las letras que el objetivo es dar «prioridad y estableciendo beneficios a los residentes en la Localidad de Oro Verde».

El verdadero espíritu de la norma era proteger y formalizar el laburo de los emprendedores locales, no perseguirlos. Los Considerandos de la ordenanza son un mapa de la vida del pueblo: definen a la venta ambulante permitida como aquella que se hace en la vía pública, recorriendo las calles casa por casa, o la que se desarrolla en «lugares públicos, plazas, polideportivo, eventos, etc.» siempre y cuando no signifique quedarse a vivir ahí con un puesto fijo. Lo que se quería evitar era la competencia desleal con el comerciante que alquila un local y paga fortunas de impuestos. Pero en el camino entre el escritorio del Concejo Deliberante y la cuadrilla municipal que fue a clavar el cartel en el Polideportivo, la palabra «ordenar» se transformó en «censurar».

La «puerta trasera» de los permisos a medida

Sin embargo, el verdadero escándalo de la ordenanza no es solo la mala síntesis del cartel, sino la contradicción mayúscula que esconde su articulado. En los fundamentos de la norma, se argumenta de manera tajante que las ventas permanentes o semipermanentes deben estar prohibidas porque constituyen puntos fijos que «conspiran contra los derechos de comercios locales». La lógica parece impecable: cuidar al comerciante que apuesta por el pueblo, paga tasas y asume costos generales por afincarse en un inmueble. Pero cuando llegás al Artículo 4º, la letra chica te pega un cachetazo. El texto dice: «Prohíbase la venta en la vía pública de forma permanente o semipermanente… con excepción de las que cuenten con permiso especial emitido por el Municipio de Oro Verde».

Ahí es donde se abre la «puerta trasera» del absurdo. Si el motivo de la prohibición es que estos puestos fijos dañan económicamente al comercio local, otorgar un «permiso especial» para que un vendedor opere de forma permanente causa exactamente el mismo daño que se pretendía evitar. ¿Y lo peor? La ordenanza jamás aclara cuáles son los criterios técnicos, sociales o comerciales para otorgar o negar dicho permiso especial. No hay requisitos publicados, no hay un marco de equidad. Queda todo flotando en el limbo de la voluntad del funcionario de turno. Es la herramienta perfecta para la excepción a medida: un pase libre que bien podría terminar beneficiando a amigos, parientes o a cualquier otra «especie no definida» de la política local, mientras el laburante de a pie se choca de frente contra el cartel rojo del Polideportivo.

El peso del sentido común frente al apuro oficial

Porque seamos sinceros: es mucho más barato mandar a imprimir un cartel de chapa que ponerse a fiscalizar con transparencia. Es más fácil asustar con una prohibición generalizada hacia afuera y guardarse la llave de las excepciones hacia adentro, que armar un registro transparente, cruzar los datos de residencia de manera pública y garantizar que nadie juegue con ventaja. El cartel del Poli termina siendo una verdad a medias —que es la peor de las mentiras— que desinforma al vecino y deja un tendal de dudas sobre quiénes son los privilegiados que logran saltar el alambrado de la ley.

Para que la comunidad sea, de verdad, «para todos», las reglas tienen que ser claras, parejas y la comunicación honesta. Si la ordenanza permite la venta itinerante y regulada, el cartel no puede meter miedo con un candado absoluto. Y si va a haber excepciones, el pueblo tiene derecho a saber con qué criterio se otorgan. Al final del día, las cosas en los pueblos se terminan acomodando por el peso del sentido común, pero las contradicciones quedan ahí, a la vista de cualquiera que pase caminando. Queda pendiente una tarea que parece más difícil que colgar chapa en un poste: empezar a comunicar con la verdad de las leyes y gobernar sin dejar ventanas abiertas a la arbitrariedad, antes de que el ingenio popular le termine poniendo un apodo todavía más filoso a estas genialidades apuradas de la política local.