La vigilancia constante redefine la privacidad en la era digital

«Cámaras en el barrio: ¿seguridad o panóptico digital?»

Recorres tu barrio y te encuentras con un nuevo cartel municipal: «Zona vigilada por cámaras de seguridad». Ya no es extraño. Desde el semáforo hasta la plaza, todo parece estar bajo la mirada inquebrantable de un ojo digital. Pero, ¿quién mira? Y más importante, ¿qué hacen con lo que ven?

Lo que parece un simple mecanismo para prevenir el crimen es, en realidad, uno de los rostros más tangibles de la vigilancia masiva en la era digital. Las cámaras no solo registran imágenes; capturan datos. Cada rostro, cada movimiento, cada patrón de comportamiento es procesado por algoritmos que prometen eficiencia y seguridad. Sin embargo, detrás de esta promesa se esconde un conflicto tecnopolítico que redefine lo que entendemos por privacidad.

La tecnología no es neutral. Las cámaras no solo vigilan; clasifican. Un algoritmo puede decidir si alguien parece «sospechoso» basándose en parámetros que reflejan sesgos raciales, culturales o socioeconómicos. ¿Quién programa estos algoritmos? ¿Y con qué criterios? Empresas como Huawei, Amazon o Axis Communications dominan el mercado global de vigilancia, vendiendo sus sistemas a gobiernos y municipios que, muchas veces, desconocen las implicaciones éticas de estas herramientas.

En América Latina, esto se agrava. Ciudades como Quito, Bogotá o Buenos Aires implementan sistemas de vigilancia inteligente con financiamiento de corporaciones transnacionales. El discurso de la «ciudad segura» seduce, pero rara vez se cuestiona el costo. Cada dato recolectado alimenta una economía digital que convierte a los ciudadanos en productos. Tu rostro, tu caminar, tus hábitos son moneda de cambio en el mercado de la vigilancia.

Pero no todo está perdido. La soberanía digital es posible. Municipios como Barcelona han comenzado a desarrollar sistemas de vigilancia basados en software libre y protocolos éticos que garantizan la transparencia y la protección de los datos ciudadanos. En lugar de delegar la seguridad a corporaciones privadas, estos modelos apuestan por infraestructuras públicas controladas por la comunidad.

Imaginemos un futuro distinto. En lugar de cámaras que nos vigilan sin consentimiento, podríamos tener sistemas de monitoreo diseñados para proteger la privacidad y fortalecer la participación ciudadana. Un municipio podría trabajar con universidades y cooperativas tecnológicas para desarrollar herramientas que sirvan al bien común, no al lucro corporativo.

La clave está en entender que la tecnología no es un fin, sino un medio. Y como tal, debe estar al servicio de las personas, no de los intereses de unos pocos. Es hora de repensar cómo gestionamos la vigilancia en nuestras ciudades y cómo defendemos nuestros derechos en la era digital.

Porque, al final, cada cámara, cada algoritmo, cada dato recolectado nos recuerda que la tecnología es política. Y quien controle la infraestructura digital, controlará el futuro.

Eso sí, en Oro Verde no te preocupes demasiado, el 90% de las cámaras de vigilancia no funcionan.

Foto de AS Photography